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Situación con los Ayuntamientos en Andalucía: Antecedentes

02/10/2020
- RAÚL TOLOSA GONZÁLEZ
Sprog: ES

La colaboración entre la Consejería competente en materia de educación y las corporaciones municipales en materia de educación permanente es amplia y dilatada en el tiempo. Como ejemplo de ella se aprobó en su día la Orden de 29 de enero de 1991, por la que se convoca a los Ayuntamientos para la suscripción de convenios para la organización, funcionamiento y financiación de los Centros para la Educación de Adultos, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con base a la cual se suscribieron convenios de colaboración en esta materia que han constituido hasta ahora el marco de colaboración entre ambas administraciones para el funcionamiento de los centros de educación permanente de personas adultas.

En este sentido, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su articulado que las administraciones educativas podrán promover convenios de colaboración para la enseñanza de personas adultas con las corporaciones locales y que se podrán establecer procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular la gestión conjunta con las Administraciones locales y la colaboración entre centros educativos y Administraciones públicas.

De igual forma, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía señala como uno de sus objetivos el favorecer la cooperación de las entidades locales con la Administración educativa de la Junta de Andalucía.

Educación o formación para personas adultas en centros y secciones de Educación Permanente (CEPER/SEPER) que imparten planes educativos:

La Educación Permanente engloba toda una serie de enseñanzas y acciones formativas dirigidas a la población adulta que permiten el crecimiento personal o la vuelta al sistema educativo como una opción de segunda oportunidad.

La oferta educativa de Educación Permanente comprende la impartición tanto de enseñanzas formales como no formales (conducentes o no a titulación oficial) en unos 900 centros públicos de distinta tipología y personal docente de primaria, secundaria y de enseñanzas especializadas de idiomas.

Los Centros de Educación Permanente y sus secciones (CEPER y SEPER) se encuentran ubicados, en su mayoría, en instalaciones municipales con cesión de uso para la impartición de las siguientes enseñanzas:

  • Formales:
    • Formación básica. Organizado en dos niveles estructurados en tres ámbitos de conocimiento, su título permite acceder a la ESO para personas adultas.
  • No formales:
  • Preparación para la obtención de la titulación básica: preparación para la prueba para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años y seguimiento de la educación secundaria obligatoria para personas adultas o del nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial a través de tutorías de apoyo al estudio.
  • Preparación para el acceso a otros niveles del sistema educativo: de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio, a ciclos formativos de grado superior, de las pruebas de acceso a la Universidad para personas mayores de 25 años.
  • Fomento de la ciudadanía activa: Uso básico de idiomas extranjeros, Uso básico de las tecnologías de la información y la comunicación, Fomento de la cultura emprendedora y el espíritu empresarial, Interculturalidad, cultura y lengua española para personas procedentes de otros países, Conocimiento y conservación del patrimonio cultural andaluz y el medio ambiente, Adquisición de hábitos de vida saludable y prevención de enfermedades y riesgos profesionales.

Motivaciones para la elaboración de la norma:

En junio de 2016 la Consejería de Educación solicitó a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de la Presidencia y Administración Local informe sobre si los convenios con los Ayuntamientos firmados en 1991 seguían vigentes, sobre la creencia de algunos ayuntamientos de que habían dejado de estar vigentes por no haberse modificado como consecuencia de la aplicación directa de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). La respuesta a la citada consulta concluyó que los convenios con los Ayuntamientos firmados en 1991 no precisaban de la adaptación a que dicho precepto se refería.

Sin embargo, de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública deberán adaptarse a lo previsto en la Ley en el plazo de tres años a contar desde su entrada en vigor. No obstante, esta adaptación del plazo de vigencia será automática, para los convenios que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de la entrada en vigor de esta Ley. En estos casos el plazo de vigencia del convenio será de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la Ley.

Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece el régimen de la entrada en vigor de la misma al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», es decir, el 2 de octubre de 2016.  Así pues, como consecuencia de lo estipulado, en octubre de 2020 todos los convenios firmados con los Ayuntamientos habrán expirado.

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